España, Inicia juicio a la infanta Cristina por evasión fiscal

Internacionales 11 de enero Por
Malversación de Fondos Públicos
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La infanta Cristina compareció el lunes 12 horas ante un tribunal en Palma de Mallorca al inicio de un histórico juicio en el que se le acusa de financiar su lujoso estilo de vida con recursos que su esposo recibió de un supuesto plan de malversación de fondos públicos provenientes de contratos relacionados con conferencias y eventos deportivos.

Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, no hicieron declaraciones durante la audiencia del inicio del proceso. Sus abogados y los de otros 16 acusados presentaron los argumentos para que se desecharan los cargos contra sus clientes, y solicitaron la presentación de las pruebas y los testigos para el juicio que se prevé durará seis meses.

Uno de los abogados solicitó la comparecencia del actual rey de España y de su predecesor como testigos, y otro lo acusó de intentar convertir el juicio en un "reality show". El juez puso fin a la audiencia con el anuncio de que el juicio se reanudaría en febrero, cuando se adopte la decisión definitiva de si Cristina permanecerá o no entre los acusados.

Cristina, de 50 años, hermana del rey Felipe VI de España, está acusada de dos delitos de evasión fiscal, que conllevan una pena máxima de ocho años de cárcel, por supuestamente no declarar los impuestos sobre gastos personales pagados por una firma de bienes raíces que es propiedad de ella y su marido, un medallista olímpico de balonmano convertido en empresario.

Jesús María Silva, abogado de la infanta, así como un fiscal y un abogado del Estado que representa a las autoridades fiscales españolas, dijeron que deben retirarse los cargos en contra de Cristina porque las autoridades están de acuerdo en que ella no cometió delito alguno y que debe enfrentar a lo sumo una multa administrativa por evasión fiscal.

El panel de tres jueces que lleva el caso decidirá en las próximas semanas si avala estos argumentos o le da la razón a un juez de instrucción que investigó durante cuatro años el caso y resolvió que podía seguir adelante debido a la evidencia presentada por un grupo privado que lucha contra la corrupción, llamado Manos Limpias.

Los jueces tendrán que sopesar si la pareja incurrió en delitos mediante la consultora inmobiliaria Aizoon, descrita en documentos judiciales como una empresa de fachada para financiar vacaciones de lujo, fiestas en su mansión de Barcelona y clases para bailar salsa.

Según la ley española, grupos civiles como la organización Manos Limpias implicada en el juicio contra la infanta pueden presentar cargos penales contra personas si las autoridades deciden lo contrario.

El juicio constituye la primera vez que un miembro de la familia real española afronta cargos penales desde la restauración de la monarquía en 1975.

Urdangarin y otros están acusados de desviar hasta 6,2 millones de euros (6,8 millones de dólares) mediante contratos inflados o que nunca derivaron en un trabajo real. El esposo de Cristina, está acusado de aprovechar su antiguo título de duque de Palma para conseguir acuerdos a través del Instituto Noos, una organización sin ánimo de lucro que dirigía con su socio Diego Torres.

Manuel González, el abogado de Torres, reiteró el lunes su llamado a que se le permita citar al rey emérito Juan Carlos I y a su hijo, el actual rey, como testigos, presumiblemente en un intento por obtener algún testimonio que sugiera que los tratos negociados por Noos fueron tolerados o aprobados por la familia real mientras Juan Carlos fue rey hasta 2014.

Debido a las solicitudes para que comparezcan diversos testigos, incluidos el ex rey y el actual rey, el fiscal Pedro Horrach acusó a González de querer convertir el juicio en un "reality show".

Cristina y su marido permanecieron estoicos y sentados en un grupo con los demás acusados mientras observaban los prolongados alegatos entre los abogados y los jueces.

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